Interferencia de la industria durante y posterior a la Consulta Pública por Grasas Trans

Pasó la instancia de consulta pública sobre la propuesta de mejora del art. 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA) referido a la presencia de Grasas Trans en alimentos y materias primas. Pese al masivo apoyo que recibió dicha propuesta por parte de organizaciones de la sociedad civil y de personas, algunas empresas de la industria alimentaria (IA) manifestaron su oposición con argumentos que muy lejos están de contemplar y preservar el derecho a la salud y a una alimentación que no enferme.

Desde el 2003 se viene avanzando con la reducción de Ácidos Grasos Trans de Producción Industrial (AGT-PI) y la prohibición de Aceites Parcialmente Hidrogenados (APH) en distintos países del mundo. Sin embargo, en Argentina, un grupo de empresas cuestionó no sólo la propuesta de mejora y los estudios presentados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), sino que argumentaron imposibilidades tecnológicas, falta de evidencia científica, plazos insuficientes, amenazas con reemplazos de aceites con elevadas cantidades de grasas saturadas, pérdida de propiedades organolépticas de los productos, afectaciones económicas de pequeñas y medianas empresas, entre otros. Todos argumentos con el único objetivo de interferir en el desarrollo e implementación de políticas públicas pero fácilmente refutables desde la ciencia y evidencia disponible.


Las cartas objetando la propuesta durante la instancia de consulta pública fueron seis (6):

  • Dos (2) de ellas fueron esgrimidas por empresas - Dorada SA y Refinerías del Centro - productoras de margarinas y oleomargarinas (mezcla de grasas vegetales y animales), quienes pertenecen al mismo grupo empresarial (Grupo Beltrán).

  • Otras tres (3) cartas fueron enviadas desde las cámaras y asociaciones a las que pertenecen estas 2 empresas en cuestión (grupos de frigoríficos y subproductos ganaderos).

  • Y una (1) fue realizada por una diputada de la provincia de Córdoba, quién en 2021 votó en contra de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable esgrimiendo, al igual que en la carta enviada a la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), los mismos argumentos de la Industria Alimentaria (IA).


Dato curioso: estas 2 empresas anteriormente mencionadas, son las únicas que desde el 2014 (año en el que se implementó el primer límite a grasas trans), nunca adaptaron sus plantas productivas para garantizar productos alimenticios libres de grasas trans. Resultando esto en una dependencia total de la importación de aceite de palma (producido en otros países del mundo) para garantizar su producción “low trans”, tanto en margarinas de venta directa como en los potenciales intentos de mejora de las materias primas industriales correspondientes a la última reforma del 155 tris. Reforma suscitada por haber dejado a una libre interpretación la inclusión en dichos límites a las margarinas industriales, y que recién entró en vigencia en enero de 2022.


Asimismo, existen otras empresas, como Calza SA., que sí realizaron la inversión tecnológica en tiempo y forma. Hoy no solo garantizan productos bajos en grasas trans de venta directa (las margarinas que se pueden obtener en góndolas de supermercados y almacenes), sino que también producen materias primas de venta entre industrias (aquellas que finalizan en la producción de comestibles de panadería, por ejemplo) que contienen cantidades adecuadas y/o casi nulas de ácidos grasos trans. El caso de esta última empresa demuestra que la producción de productos alimenticios y materias primas libres de grasas trans, es posible en Argentina.

Es importante destacar que siempre que hablamos de las modificaciones del CAA (Código Alimentario Argentino) a través de CONAL, la IA al menos cuadruplica las instancias de su participación en comparación a las que pueden lograr las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), sin contar las relaciones estrechas pero disimuladas con otros actores que también integran la CONAL, como es el caso de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). La IA tiene representación por medio de la participación in situ de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (autoridad nacional que se vincula estrechamente con COPAL); a través de CONASE (grupo asesor con 9 representantes de la IA, lo que determina una mayoría en comparación con los 3 representantes de las OSC) y la única instancia que comparte con la Sociedad Civil es a través de la consulta pública. Esta relación directa de la IA con los representantes de la CONAL y las desventajas que muestra la participación de las OSC en comparación a la industria, deja sub-representados los intereses por cuidar la salud pública y velar por la garantía de derechos que las mismas organizaciones suelen representar.


Muestra los vínculos entre las empresas en oposición a la actualización del art. 155 tris del CAA.

CSpG: Cámara de subproductos ganaderos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

UIC: Unión Industrial de Córdoba

AFIC: Asociación de frigoríficos e industriales de la carne


¿Qué hicimos desde las OSC ante esta situación?


Previo a la reunión de junio de CONAL, enviamos un pronunciamiento a sus representantes, destacando la importancia de la defensa del derecho a la salud y a la alimentación por sobre todo, y desmintiendo cada uno de estos argumentos falaces que algunas industrias productoras de grasas trans esgrimieron para dilatar y desprestigiar la propuesta. Esperando que este material contribuyera al arribo de conclusiones sobre la necesidad y factibilidad de aprobar la propuesta, para lograr ser un país libre de grasas trans como ya otros países lo hicieron.


Dicha reunión y debate sucedieron, como siempre, a puertas cerradas y sin participación de la sociedad civil. Días posteriores, el acta publicada en la página web de CONAL, refirió no haber llegado a consenso respecto a la modificación del art. 155 tris, sin dar más información en cuanto a motivos que suscitaron dicha decisión de postergar su avance y/o aprobación. Aparentemente, dos entidades estatales habrían estado en desacuerdo: el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y SENASA (dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). Dicha oposición nos lleva a inferir el gran peso que tuvo el lobby de las industrias opositoras anteriormente mencionadas (vinculadas a cámaras y asociaciones ganaderas y de frigoríficos) con dichas entidades. Asimismo, esto se agrava por la asimetría en la propia conformación y funcionamiento de la CONAL, significativamente con mayor representatividad de los intereses económicos privados en comparación con los intereses de salud.


Mientras este tipo de interferencias de la industria continúen, nuestra salud y nuestra alimentación siguen en juego. Son nuestros derechos los que deben dejar de ser vulnerados, más allá de cualquier interés económico y productivo.


Por lo tanto, desde SANAR y otras organizaciones de la sociedad civil, seguiremos trabajando e impulsando acciones que garanticen una alimentación sana, segura y soberana para todas las personas del país.